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LAS ENTIDADES ANDALUZAS DE ADICCIONES CRITICAN LAS BAJADAS PREVISTAS EN LOS PRESUPUESTOS 2021


         

Sevilla, 24 de noviembre de 2020.

La Federación Andaluza ENLACE, en nombre y representación de las entidades andaluzas del ámbito de las adicciones también representadas por otras Federaciones como REDES, FAAR, FAJER y AL-ANDALUS, compareció ayer ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea del Parlamento Andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Presupuestos 2021. Estas federaciones representan a 180 entidades que atienden anualmente a más de 90.000 personas en programas de acompañamiento, tratamiento, incorporación social y prevención de adicciones.

Auxiliadora Fernández, tesorera de ENLACE, explicó en la comparecencia que, “aunque el Presupuesto total para la Comunidad Autónoma aumenta un 4,28%, el Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación aumenta solo un 2,57%. Consideramos que, en estos momentos de crisis, las políticas sociales merecen un esfuerzo presupuestario mucho mayor (al menos proporcional al incremento general), ya que las necesidades más básicas y el número de personas y familias que las están sufriendo se han disparado con la aparición de esta pandemia y el panorama a corto plazo no tiene visos de mejorar. Las entidades sociales estamos desbordadas, atendiendo a más personas que antes con menos ayudas que antes, cubriendo la función de muchos recursos públicos que se encuentran a medio gas e incluso sin atención presencial (servicios sociales, centros de salud, oficinas del sae, del sepe, de la seguridad social, etc.)”.

Pasando al presupuesto destinado a Adicciones, que se encuentra dentro de la Consejería de Salud y Familias, las entidades consideran que la bajada es grave e injustificada, ya que el Plan Andaluz sobre Drogas y otras disminuye un 6,5% respecto a 2020. En palabras de Auxiliadora Fernández, “no le encontramos justificación alguna a esta bajada ante la realidad que vivimos día a día. Los problemas de adicciones no han disminuido, y además nos encontramos con nuevas demandas que nos desbordan a las que estamos intentado darle nuevas respuestas, con el esfuerzo que eso supone, sobre todo de adicciones sin sustancia (apuestas, juego on-line, móviles) y casos de patología dual muy difíciles de abordar y que necesitan de recursos extras con los que no contamos actualmente. También estamos detectando un aumento en consumos que se encuentran muy invisibilizados, como son los que se realizan en casa, a escondidas, mayoritariamente de mujeres y de sustancias legales, como fármacos o alcohol”.

La partida destinada a subvenciones a entidades privadas que ejecutan proyectos de prevención e intervención sufre una bajada del 23,5%, casi una cuarta parte del presupuesto de 2020. En cuanto a las transferencias de capital, dirigidas a proyectos de reforma y construcción, directamente desaparecen: de 614.208 € en 2020, pasan a 0 en 2021.

Los conciertos con instituciones del sector privado sí aumentan respecto a 2020, un 12%, pero, las entidades de adicciones consideran que “esa subida no es suficiente para cubrir los planes previstos para 2021. A corto plazo, todos los recursos asistenciales actualmente conveniados con entidades del Tercer Sector (comunidades terapéuticas, viviendas de apoyo al tratamiento, viviendas de apoyo a la reinserción, centros de encuentro y acogida, centros de tratamiento ambulatorio y centros de día) tienen que pasar a concierto social, pero con unos precios/plaza ajustados a los costes reales. El precio/plaza de los recursos de adicciones lleva congelado desde hace más de 10 años. En la anterior crisis económica se bajaron y nunca han sido actualizados ni siquiera con la subida del IPC. Mientras tanto, las exigencias técnicas y administrativas por parte de la Administración han ido aumentado, los costes de personal han ido subiendo año tras año y, en las nuevas circunstancias marcadas por la Covid19, han surgido nuevos costes no previstos (de EPIs, test, etc.) y menos ingresos (por ejemplo, en los recursos residenciales, los protocolos impiden que se ocupen todas las plazas porque hay que aislar a las personas que ingresan)”.

Auxiliadora Fernández finalizó su intervención solicitando “a todos los grupos que estudien la posibilidad de aumentar las partidas de las Consejerías de Igualdad y Salud señaladas, disminuyendo otras menos prioritarias para la ciudadanía andaluza, como pueden ser, por ejemplo, algunas partidas del Programa de Comunicación Social de Presidencia”.

ENLACE reclama que las medidas para prevenir el COVID-19 en prisión respeten los derechos de las personas privadas de libertad

El doble confinamiento arbitrario, la suspensión de las comunicaciones o la limitación de entrada de organizaciones sociales no son medidas proporcionadas ni responden a recomendaciones sanitarias.

En Andalucía hay más de 13.000 personas en prisión, la mayoría provenientes de entornos de exclusión social, existiendo un alto porcentaje de personas con problemas de adicciones y de salud mental. Según la Constitución Española, estas personas presas mantienen todos sus derechos a excepción de aquellos expresamente limitados por “el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”. Es decir, que son ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, cuya dignidad y sus derechos son incuestionables. Tienen limitado su derecho a la libertad, pero no son andaluces y andaluzas de segunda. Por eso, las entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario, como muchas de las entidades federadas en ENLACE, reclamamos que las medidas que se tomen para prevenir el COVID-19 en prisión sean proporcionadas y respetuosas de los derechos de las personas privadas de libertad.

Durante el pasado confinamiento general decretado por el estado de alarma, las personas presas vieron suspendidos sus permisos de salida y comunicaciones familiares. A las entidades sociales se nos prohibió el acceso a prisión, quedando paralizadas actividades básicas como las de tratamiento de adicciones, pese a lo cual continuamos realizando nuestra labor de acompañamiento y asesoramiento por carta, por teléfono y por medios creativos e innovadores, como el envío de vídeos, películas, libros y materiales de estudio. En aquel momento, ya solicitamos que las medidas de control de la enfermedad en el ámbito penitenciario debían seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Europa, que abogaban por la excarcelación de las personas en situación vulnerable, la mejora de la atención sanitaria y el mantenimiento de las actividades de reinserción.

En estos momentos, pese a la finalización del estado de alarma, los centros penitenciarios están imponiendo con carácter discrecional una serie de medidas que no parecen proporcionadas ni necesarias. En concreto, en muchas prisiones siguen suspendiendo las comunicaciones y, además, se exige una cuarentena de 10 días a las personas que vuelven de permiso. En estos 10 días se ven aisladas en un módulo independiente y no pueden mantener comunicaciones íntimas ni familiares. Sin embargo, durante esos días mantienen contacto con el personal penitenciario, que entra y sale de prisión a diario, y además pueden compartir celda con personas internas que acaban de regresar del exterior, por lo que no se entiende el sentido preventivo de la medida. Este doble confinamiento no parece ser una solución efectiva ni fundamentada en la evidencia científica. La realización de un test PCR a la vuelta del permiso parece ser la medida más adecuada y respetuosa con los derechos de las personas presas.

Por todo ello, y desde una perspectiva de respeto a los derechos constitucionalmente reconocidos, las entidades que formamos ENLACE valoramos negativamente estas restricciones y reivindicamos una mejora general de la atención sanitaria en prisión, que debe partir de la asunción por parte de la Junta de Andalucía de las competencias en sanidad penitenciaria.

Queremos transmitir a la sociedad que la desigualdad y la exclusión social son factores que impactan enormemente sobre la salud pública, y que solo es posible superar situaciones como las de esta pandemia mediante mayor justicia social e inversión en políticas públicas de sanidad, educación y cuidados, no mediante medidas punitivas.

26 de junio 2020 Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Las entidades andaluzas de adicciones demandamos más prevención y una política de drogas más respetuosa con los derechos humanos

Con motivo del 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Federación Andaluza ENLACE y sus 90 entidades federadas queremos sensibilizar a la ciudadanía acerca de un consumo responsable de drogas, juego, internet, etc., así como de la necesidad de plantear alternativas a la actual política de drogas, para apostar más por la prevención y la reducción de daños que por la criminalización.  

Desde la Red de Adicciones que formamos ENLACE, con más de 30 años de experiencia, consideramos que es necesario apostar más por programas de prevención selectiva de drogodependencias y otras conductas adictivas sin sustancia, ya que la intervención en edades tempranas con los colectivos más vulnerables ofrece mejores resultados a la hora de prevenir consumos problemáticos de drogas y otras adicciones (juegos online y presenciales, nuevas tecnologías, etc.). Entre otras medidas, demandamos mayor inversión y continuidad en los programas de prevención y reducción de daños, más coordinación y trabajo integral de los recursos o una regulación más estricta para el acceso y la publicidad de las sustancias y espacios de juego (online y presenciales).

Además, todas las medidas y programas de prevención y reducción de daños que se pongan en marcha deben contemplar la perspectiva de género para ser realmente eficaces, ya que los roles y mandatos de género juegan un papel importante en los inicios al consumo, en los modos y frecuencias, en la percepción social de los consumos abusivos, etc.

Asimismo, abogamos por una política de drogas menos criminalizadora con las personas consumidoras, ya que la actual ha mostrado ser ineficiente a la hora de reducir los problemas de adicciones y los relacionados directa o indirectamente con ellos (enfermedades, muertes, encarcelaciones, marginación, etc.).

Además de los delitos contemplados en el Código Penal, que provocan que casi un 60% de las personas presas se encuentren en prisión por delitos menores relacionados con su adicción a las drogas, la actual Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, establece que las personas consumidoras pueden recibir sanciones administrativas por consumo y tenencia en vía pública a partir de 601 €; y, en el caso de mayores de 18 años, sin posibilidad de suspensión cuando la persona se somete a tratamiento de deshabituación. Ya es hora de probar otras alternativas, como están haciendo en Uruguay, Canadá o Estados Unidos con el cannabis, para aumentar la regulación y el control y evitar que el mercado esté en manos del narcotráfico. En estos países, lejos de producirse un aumento de los consumos problemáticos, se está reduciendo el índice de criminalidad y se están obteniendo resultados positivos a nivel sanitario, social y económico.

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Con motivo del próximo 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, las entidades que formamos #ENLACE lanzamos hoy esta campaña para sensibilizar acerca de un #ConsumoResponsable de drogas, juego, redes sociales, etc. y demandar más programas de prevención y reducción de daños basados en la evidencia científica, así como una política de drogas más respetuosa con los derechos humanos. #ConsumoResponsable #GánaleLaPartida #SupportDontPunish #RedAdicciones #26Junio.

https://youtu.be/kcvQgTk0EbA

Programa marco voluntario


Seguimos trabajando en red, el miércoles 17 de junio nos reunimos la online todas las entidades de Enlace que participamos en el programa Marco de Voluntariado del Irpf para tratar la Campaña del 26 de junio que es el Día Internacional de la Lucha contra el Trato Ilícito de Drogas