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El 26 de Junio, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebidoy el Tráfico Ilícito de Drogas,la Federación Andaluza ENLACE participará en la campaña mundial "Support, Don't Punish" ("Apoya, No Castigues") celebrando actos de sensibilización y denuncia en Almería y Sevilla. Esta campaña busca promover una reforma en las políticas de drogas, de manera que se prioricen la salud pública y los derechos humanos frente a la prohibición de las sustancias y la persecución de las personas usuarias.

 

1. LAS CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL DE DROGAS.

En 2001, las entidades que formamos parte de ENLACEcelebramos el Seminario "Análisis de la actual política criminal sobre drogas”, llegando a conclusiones que siguen plenamente vigentes:
- Las sustancias con propiedades psicoactivas siempre han estado ligadas a la historia de la humanidad. Siempre han existido y siempre existirán, no importa cuántos recursos destinemos a “luchar” contra ellas, por lo que las políticas deben centrarse más en prevenir los usos indebidos y fomentar la salud de las personas usuarias.

- Las actuales políticas, que persiguen penalmente la compra-venta de estas sustancias, surgen en el siglo XX, consolidándose a través de una serie de tratados internacionales o Convenciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (1961, 1988, 2008 y finalmente 2016). Estas Convenciones han marcadolas sucesivas reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana en nuestro país.A lo largo de sus 50 años de existencia,estapolítica criminal ha desatado una auténtica y exagerada "guerra contra las drogas" con consecuencias desastrosas:

1. Criminalización de las personas drogodependientes. La mayoría de los fondos públicos se están destinando a perseguir a las personas que se encuentran en los eslabones más bajos de la cadena del mercado de las drogas, en detrimento del desarrollo de programas de prevención, tratamiento y reducción de daños. Las personas drogodependientes, en muchos casos, acaban en prisiones donde no existen las misma posibilidades terapéuticas que en libertad. Se calcula que en Andalucía hay más de 10.000 personas en prisión por problemas relacionados con las drogas (unos 9.100 hombres y 900 mujeres), la mayoría cumpliendo condenas por delitos de baja o media gravedad, que podrían ser gestionados mediante intervenciones no privativas de libertad, simplemente utilizando más las medidas alternativas existentes, como el cumplimiento de la pena en un centro de tratamiento de drogodependencias o la mediación penal.

2.
Represión administrativa mediante multas a las personas usuarias de drogas. Pese a que el consumo de drogas no está prohibido en nuestro país (al tratarse de una conducta libre que no daña a terceros), la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente reformada en 2015 y justamente bautizada como Ley Mordaza, impone duras sanciones económicas a las personas usuarias de drogas. Según el último informe del Ministerio del Interior, el 68% de las multas impuestas se dirigían a reprimir conductas relacionadas con el consumo de drogas. La estigmatización que sufren las personas usuarias hace que las actuaciones policiales se centren en reprimir indiscriminadamente a quien consume y procede de contextos desestructurados, en ocasiones, basándose solo en su aspecto exterior. Por nuestra experiencia sabemos que muchas de las multas no se pagan, ya que gran parte de las personas que sufren esa persecuciónse encuentran en situación de exclusión social y no pueden hacer frente a esos pagos. Anteriormente, las multas podían suspenderse si la persona accedía a realizar un tratamiento rehabilitador, pero esta Ley ha abandonado el enfoque terapéutico, pese a que es el más eficaz, respetuoso con el derecho a la salud pública y el más valorado por la Unión Europea, las Naciones Unidas y la comunidad científica.

3.
Daños a la salud de las personas consumidoras y de la sociedad en general. Al estar perseguida la venta, las condiciones en las que las personas se ven obligadas a consumir son también clandestinas, la mayoría de las veces sin medios higiénicos y sin conocer la composición/adulteración de las sustancias, lo que ha supuesto muchas muertes y el contagio masivo de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, tuberculosis...). Por otro lado, la falta de regulación también impide que muchas sustancias se usen con fines terapéuticos, pese a sus reconocidas propiedades.

4. Profundización de la brecha de género. Las mujeres son otras de las grandes perdedoras de esta guerra contra las drogas, ya que siguen siendo las invisibles, sobre todo en su situación de consumidoras de sustancias, ya que, al centrarse en la represión, no se destinan apenas recursos que atiendan las especiales necesidades de este colectivo. Son escasos los recursos de tratamiento específicos para mujeres, pese a estar comprobado que tienen más dificultades para acceder a los recursos generalistas, y visibilizar su adicción, por temor una doble estigmatización, difícil de superar en una sociedad de origen claramente patriarcal: por una parte, por su condición de adicta y por otra, por la ruptura del rol que la sociedad le atribuye. Así mismo, las mujeres que consumen drogas sufren con más frecuencia violencia de género, lo que hace imprescindible un abordaje de forma coordinada.


5.
Desarrollo de estructuras de corrupción que empeoran el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. La existencia de un mercado ilegal, que provee de ingentes beneficios a poderosas organizaciones criminales, socava las instituciones democráticas en todo el mundo. Numerosos países latinoamericanos han pedido el fin de las políticas prohibicionistas al constatar que el enorme poder de los narcotraficantes está corrompiendo a sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Estos fenómenos no son ajenos en España, pues encontramos también aquí casos de corrupción policial.


6.
Empobrecimiento de las poblaciones más vulnerables y daños al medio ambiente. Las poblaciones campesinas de los países productores de drogas se ven forzadas a cultivar coca, amapola o marihuana bajo la extorsión de los narcotraficantes, que impiden el desarrollo de cultivos alternativos y fortalecimiento de las comunidades. Cuando los gobiernos intentan combatir estos cultivos mediante fumigaciones masivas, las áreas acaban deforestadas, las poblaciones locales empobrecidas y el cultivo ilegal simplemente se desplaza a otra región. En nuestro país, los barrios más empobrecidos también ven limitadas sus posibilidades de desarrollo, al no existir alternativas económicas o educativas que permitan superar el desempleo estructural y la falta de oportunidades, que empuja a estos barrios hacia la economía informal e ilegal.

 

2. FRENTE AL FRACASO DE LAS POLÍTICAS CRIMINALES, PEDIMOS ALTERNATIVAS.


Como hemos señalado anteriormente, este régimen internacional prohibicionista surgió en el seno de la ONU hace más de 50 años, sin embargo, Naciones Unidas reconoce que estas políticas necesitan revisión, pues están provocando daños y consecuencias no deseadas. Recientemente, en 2016, se ha celebrado la última Asamblea General de Naciones Unidas para tratar estos temas, y muchos gobiernos han pedido acabar con el sistema de prohibición penal, aunque otros han decidido mantenerlo. Lo importante es que se ha roto el consenso y que ya se reconoce abiertamente que hay que buscar alternativas.

Desde ENLACE celebramos esta apertura a la reflexión y a la búsqueda de otras maneras de afrontar las consecuencias no deseadas del uso de drogas. Creemos que en la raíz de todos los problemas de drogas se encuentra la enorme desigualdad económica y falta de oportunidades del sistema económico mundial y que la Justicia Social es la mejor receta para acabar con los usos problemáticos de drogas. De hecho, el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU de 2016 reconoce que 250 millones personas consumen drogas en todo el mundo, pero solo 29 millones sufren problemas relacionados con su uso.

El Informe señala que "los grupos de mayor nivel socioeconómico son
más propensos a iniciarse en el consumo de drogas que los grupos de menor nivel socioeconómico, pero estos últimos son los que pagan un precio más alto y tienen más probabilidades de caer en ladrogodependencia". Por ello, la ONU ha incluido el compromiso de que las políticas de drogas deben alinearse con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscan acabar con la desigualdad y la pobreza.

En cuanto a las alternativas concretas, en ENLACE planteamos las siguientes, en línea con nuestros posicionamientos:

1. Regulación y control de los mercados, empezando por el cannabis.
2. Prevención del uso abusivo, dotando a la población de herramientas para un consumo responsable.
3. Políticas centradas en el fomento de la salud y en la igualdad de género.
4. Mayores recursos destinados al tratamiento y la reducción de daños.
5. Fomento de la justicia restaurativa y abandono del uso masivo de la cárcel como herramienta de control social.
6. Disminución de los inaceptables niveles de desigualdad económica, mediante políticas redistributivas globales y estatales.